En un giro preocupante para la administración actual, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un récord de 14,890 tomas clandestinas a lo largo de 2023, marcando el año con la cifra más alta de robo de combustible desde que Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país. Esta situación contrasta marcadamente con las promesas iniciales del presidente, quien se comprometió a erradicar el huachicoleo, un término local para referirse al robo de combustible, como una de las prioridades de su gobierno.

El aumento en la incidencia de este delito, que alcanzó niveles cercanos a los del año récord de 2018, ha resultado en más de 40 casos de huachicol detectados diariamente, evidenciando un desafío creciente para la estrategia de seguridad nacional y para la economía del país. La tendencia al alza en las tomas clandestinas, con un incremento del 7.6% respecto al año anterior, y un 36.2% más en comparación con 2021, sugiere que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientemente efectivas.

Los estados de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Puebla se han identificado como los focos rojos del robo de combustible, concentrando el 70% de las incidencias en 2023. Específicamente, Hidalgo lidera la lista con el mayor número de casos, seguido de cerca por Jalisco y otros estados críticos.

El presidente López Obrador lanzó el Plan contra Robo de Hidrocarburos al inicio de su administración, una estrategia que involucra a múltiples dependencias del gobierno y busca no solo prevenir el robo sino también minimizar las pérdidas económicas que este representa para Pemex y, por ende, para México. A pesar de estos esfuerzos, que incluyeron el resguardo militar de refinerías y la adquisición de pipas para el transporte de combustible, el robo de combustible sigue siendo un desafío significativo.

Este panorama plantea preguntas críticas sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas y la capacidad del gobierno para enfrentar y mitigar el impacto del huachicoleo en el país. Con pérdidas millonarias y una incidencia que se mantiene en niveles alarmantemente altos, el robo de combustible no solo representa un problema de seguridad nacional, sino también un desafío económico y logístico para México. La lucha contra el huachicoleo continúa siendo uno de los mayores retos para la administración de López Obrador, subrayando la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias actuales para proteger los recursos energéticos del país.