La Comisión Permanente de la XVII Legislatura turnó a comisiones una iniciativa presentada por las y los integrantes de la bancada verde, la cual busca ampliar los casos en los que el Estado pueda recuperar bienes producto de la delincuencia, así como para sancionar a funcionarios que se aprovechen del servicio público para enriquecerse y atentar contra el pueblo.

Se trata de una iniciativa en materia de extinción de dominio presentada hace unas semanas ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo por el diputado Renán Sánchez Tajonar, coordinador legislativo del Partido Verde.

La iniciativa propone ampliar la línea de casos en los que el Estado pueda recuperar bienes de personas que cometen delitos que atentan contra la vida, libertad, patrimonio, familia o la sociedad.

Además, la propuesta plantea que la ley aplique a funcionarios que cometan algún delito, para que no se aprovechen del servicio público para enriquecerse ni atentar contra el pueblo.

En la sesión número 11 de la Comisión Permanente, presidida por la diputada Mildred Ávila Vera, también se dio lectura a la iniciativa de decreto mediante el cual se propone declarar a la Lucha Libre como patrimonio cultural intangible del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, representante legislativa del PRI.

Además, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18 y 27 de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Elda Xix Euán y el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, integrantes del grupo legislativo de MORENA.

También se leyó la iniciativa que propone adiciones y modificaciones al artículo 58 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, respecto a la expedición de licencias de conducir, presentada por el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad.

Por último, se turnó a comisiones un punto de acuerdo presentado por la diputada Luz María Beristain Navarrete, en la cual propone exhortar a la Administración Pública Central y Paraestatal, al Poder Judicial, así como a los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que en coordinación con el Poder Legislativo se inicie la distribución de la «Cartilla Moral», a todos los Servidores Públicos de la entidad con el propósito de reafirmar los valores sociales y familiares, así como contribuir en la ética pública que redunde en una sociedad más feliz.