En un movimiento significativo hacia la simplificación del comercio y la reducción de la burocracia, el Gobierno de Javier Milei anunció este lunes la derogación de 69 normativas. Según las autoridades, estas regulaciones representaban una barrera para el sector privado y promovían un papel excesivamente intervencionista del Estado.

Manuel Adorni, portavoz presidencial, expresó en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que estas normas complicaban innecesariamente la vida de los empresarios con controles y trámites burocráticos.

La derogación de estas normativas se dio a conocer a través de una resolución de la Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial. Esta acción está alineada con el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que Milei había enviado anteriormente al Congreso. En las últimas dos décadas, la Secretaría de Comercio se había enfocado en la lucha contra la inflación, que llegó al 211.4% en 2023, emitiendo diversas resoluciones relacionadas con el control de precios y abastecimiento. Sin embargo, el actual gobierno considera que estas medidas desviaban a la cartera de su objetivo de transparencia y libre competencia.

Pablo Lavigne, secretario de Comercio, destacó que el objetivo de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión estatal y evitar que tanto ciudadanos como empresas malgasten tiempo y recursos en trámites innecesarios.

Entre las normas derogadas se incluyen sistemas de control de etiquetado de productos nuevos y de informes sobre precios y cantidades vendidas, implementados por la administración anterior. Según el actual gobierno, estos sistemas representaban una carga administrativa y tecnológica innecesaria y eran usados para ejercer presión sobre las empresas.

Además, se eliminaron normativas relacionadas con las leyes de Góndolas y de Abastecimiento, ya derogadas, que regulaban su supervisión y cumplimiento. También se dieron de baja regímenes informativos de precios máximos y programas como ‘Precios Cuidados’ y ‘Precios Justos’, que, según el nuevo gobierno, distorsionaban los precios, especialmente en alimentos y bebidas.

Finalmente, se derogó el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, dejando estas políticas en manos de los gobiernos provinciales.

Estas derogaciones representan solo la primera etapa de un proceso de revisión más amplio, indicó la Secretaría de Comercio, sugiriendo que se esperan más cambios en el futuro.