El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad con el Poder Judicial tras la concesión de prisión domiciliaria a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, permitiéndole enfrentar su proceso por el caso Odebrecht desde su hogar. En su conferencia matutina, López Obrador utilizó este caso como ejemplo para lanzar una crítica amplia hacia el sistema judicial del país, acusándolo de favorecer consistentemente a la oligarquía y a delincuentes de cuello blanco.

«El Poder Judicial deja libres a todos, delincuentes, presuntos delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, del crimen organizado», afirmó el presidente, señalando una tendencia de impunidad y un sistema judicial que, a su juicio, no representa al pueblo de México.

López Obrador mencionó varios casos en los que el Poder Judicial ha otorgado amparos contra acciones de su gobierno, como la distribución de libros de texto y el cobro de impuestos a empresas privadas, argumentando que estas decisiones muestran cómo el sistema está «dominado por una oligarquía corrupta».

El mandatario también apuntó a la reciente dirección del Poder Judicial bajo la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, comparándola desfavorablemente con su predecesor, Arturo Zaldívar, a quien describió como más moderado. López Obrador sugirió que bajo la actual administración judicial, se ha dado «licencia para robar», criticando especialmente los esfuerzos por eliminar la prisión preventiva que, en su opinión, solo sirven para perpetuar la impunidad.

A pesar de reconocer que hay excepciones entre los jueces, magistrados y ministros, el presidente concluyó que el Poder Judicial está «podrido», aunque aclaró que «no es la regla». Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero, probablemente apelará la decisión de conceder prisión domiciliaria a Lozoya, dada la gravedad de las acusaciones en su contra y el riesgo percibido de fuga.

Esta dura crítica del presidente López Obrador al Poder Judicial subraya la tensión existente entre el ejecutivo y el sistema judicial, reflejando un profundo descontento con la forma en que se están manejando casos de alta relevancia y la percepción de una justicia sesgada en favor de intereses particulares por encima del bienestar colectivo y la lucha contra la corrupción.