En un movimiento audaz hacia la igualdad y reconocimiento de derechos laborales, el gobierno federal de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha presentado un paquete de iniciativas de reforma constitucional que promete transformar el panorama laboral para las personas dedicadas al trabajo del hogar y los jornaleros agrícolas. Entre las propuestas, se destaca la inclusión específica de los derechos laborales de estos grupos, marcando un posible cambio radical en la Carta Magna del país.

El 5 de febrero, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo eco de estas propuestas ante la Cámara de Diputados, destacando el objetivo del presidente de revitalizar la Constitución de 1917 con un espíritu «público, social y humanista». Una de las reformas más significativas es el reconocimiento de las personas de origen y condición indígena y migrante dentro de la población de trabajadoras del hogar, asegurando una protección especial a sus derechos humanos laborales.

Esta serie de reformas también busca afirmar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, incluyendo la participación efectiva de las mujeres en el desarrollo de sus comunidades, el acceso a la educación, la salud, y la propiedad de la tierra. Por primera vez, se propone incluir a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas en el artículo 2 de la Constitución, garantizando así sus derechos laborales de manera explícita.

En México, más de 2.3 millones de personas se dedican al trabajo doméstico, de las cuales el 90% son mujeres. Además, un notable 23% de estas trabajadoras son migrantes, lo que subraya la importancia de una reforma que aborde sus necesidades específicas. La historia laboral de estas trabajadoras, que se remonta a la era de la colonización española, muestra una evolución desde la esclavitud y servidumbre hasta las luchas actuales por el reconocimiento y protección de sus derechos.

Las propuestas de AMLO no solo buscan corregir desigualdades históricas, sino también establecer un marco legal que garantice los derechos laborales de las trabajadoras del hogar indígenas y migrantes, marcando un antes y un después en la lucha por la igualdad laboral en México. Este paso hacia la inclusión y el reconocimiento constitucional de los derechos de las trabajadoras del hogar y los jornaleros agrícolas refleja un compromiso con una sociedad más justa y equitativa.