México aumentó su recaudación de impuestos a niveles récord en 2020, a pesar de la pandemia, cobrando adeudos fiscales a grandes empresas.

Esto ha provocado que sectores afines a inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, hayan calificado de «terrorismo fiscal» la política hacendaria emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, según afirman los críticos, podría promover la fuga de capitales y una debacle económica para el país.

La política fiscal de la actual administración pone en evidencia los efectos del cambio de régimen y la disputa entre el Gobierno y el sector privado, en medio de la crisis derivada por la pandemia de covid-19.

Recaudación récord

A pesar de que la economía cayó 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) por los efectos adversos de la pandemia de covid-19, México aumentó su recaudación por el pago de impuestos durante 2020, al recabar 3,3 billones de pesos (160.173 millones de dólares).

«Se estima que dichos ingresos representan 14,5 % como proporción del Producto Interno Bruto, el más alto de los últimos 10 años y 1,3 puntos porcentuales adicionales respecto de 2019 sin pandemia», señaló en enero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de un comunicado

Los grandes contribuyentes pagaron 216.000 millones de pesos sin necesidad de acudir a la judicialización. Esto provocó que los grandes deudores aumentaran 2,2 veces su pago de impuestos en 2020, respecto al año anterior. 

Entre las grandes empresas que se han puesto al corriente, al pagar sus adeudos con el fisco, se encuentran las trasnacionales Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, y FEMSA, entre otros. 

De acuerdo con López Obrador, los pagos han permitido a México contar con dinero suficiente para comprar vacunas y mantener los programas sociales sin recurrir a la contratación de montos extraordinarios de nueva deuda.

En días recientes, la empresa Genomma Labs informó que llegó a un acuerdo con las autoridades tributarias para pagar 750 millones de pesos por impuestos adeudados de 2013 a la actualidad.

Sin embargo, otras compañías nacionales y extranjeras se han negado a pagar, lo que ha provocado una disputa política que podría escalar a instancias judiciales, incluso fuera de México. 

Otras empresas se niegan a pagar

Hace una semana, López Obrador mencionó que una compañía canadiense se había negado a pagar impuestos e, incluso, hizo un llamado a la Embajada de Canadá a atender este asunto con el fin de evitar una disputa legal ante los tribunales internacionales. 

«Hay una empresa canadiense que no quiere pagar impuesto en Tayoltita, Durango, una empresa canadiense, pero ya estamos viéndolo», afirmó el mandatario. 

La compañía aludida es la minera First Majestic Silver Corp, que opera la mina de oro y plata San Dimas, en Tayoltita, estado de Durango, que adeuda cerca de 11.000 millones de pesos mexicanos (unos 544 millones de dólares) en impuestos, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Reuters.

Asimismo, otras empresas mexicanas se han negado a pagar sus adeudos fiscales. 

Tal es el caso de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México, dueño de las tiendas Elektra, Banco Azteca y Televisión Azteca.

La jefa del SAT, Raquel Buenrrostro, quien ha sido calificada como la «dama de hierro» del sexenio obradorista, reconoció que las empresas de Salinas Pliego adeudan al fisco cerca de 40.000 millones de pesos (1.910 millones de dólares).

El corporativo entabló un proceso legal y perdió un juicio contra el SAT en noviembre pasado. 

En medio de la disputa, Salinas Pliego levantó controversia en redes tras postear una fotografía donde aparecía junto a unos cultivos. Un usuario en redes sociales le cuestionó si pensaba pagarle al fisco con rábanos, a lo que el empresario respondió: «No pienso pagarle ni un rábano».

En otro caso relevante en materia fiscal, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Beyruti por cargos de lavado de dinero.

Este empresario, conocido como el ‘rey del outsourcing’, maneja la empresa GINgroup, a través de la que otras compañías, como Walmart y la embotelladora FEMSA, pagan a empleados mediante un esquema de subcontratación con el que se evaden millones en el pago de impuestos.

De acuerdo con la investigación contra el empresario, los delitos que se le imputan involucran recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal por 34.000 millones de pesos (1.624 millones de dólares) de 92 empresas que contratan a sus empleados mediante ‘outsourcing’.

¿Ahuyentar a la inversión?

En agosto de 2020, la Asociación Internacional de Abogados (IBA), con sede en Londres, envió una carta a la Secretaría de Hacienda de México para externar su preocupación por la decisión del Gobierno de cobrar estos impuestos, debido a que, según argumentan, los afectados enfrentan amenazas de cargos de fraude criminal si no logran llegar a acuerdos con las autoridades fiscales, de acuerdo con un fragmento de la misiva revelada por Bloomberg.

En el mismo sentido, empresarios mexicanos han catalogado el cobro de impuestos de la administración de López Obrador de «terrorismo fiscal».

Tal es el caso de Gustavo de Hoyos, líder de la organización empresarial Coparmex, organización que ha calificado la mano dura en el cobro de impuestos como «una causa justa con medios injustos».

Asimismo, políticos de oposición han señalado que esta política podría ahuyentar a los inversionistas extranjeros.

«Atacan a fundaciones y colectivos que apoyan a sectores vulnerables prohibiéndoles que reciban aportaciones de personas físicas y empresas. Como ya no les alcanza están buscando dinero de donde sea», sostuvo Minerva Hernández, senadora por el conservador PAN, en octubre pasado.

De acuerdo con opositores al Gobierno mexicano, la férrea política fiscal podría provocar la salida de capitales, tal como consideraron algunos usuarios de redes tras el anuncio, la semana pasada, de que el banco JP Morgan cerrará sus oficinas en México.

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